76 años de avances democráticos; la vigilancia electoral inició en 1946
En las últimas décadas se han dado diferentes cambios en el ámbito político que han permitido una mayor pluralidad en nuestro país; con la iniciativa del actual Presidente se busca un nuevo rumbo
CIUDAD DE MÉXICO. La historia de las instituciones electorales en México —que ayer empezó a escribirse un nuevo capítulo con la iniciativa presidencial en materia electoral— se remonta al último tramo del mandato del presidente Manuel Ávila Camacho. El 7 de enero de 1946 se publicó el decreto de la Ley Federal Electoral.
Esta ley puesta en marcha en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, como un nuevo episodio del quehacer político en el mundo, marcó el inicio de la federalización de los procesos electorales. A partir de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, las elecciones de diputados, senadores y del Ejecutivo federal empezaron a ser vigiladas.
Ese organismo estuvo integrado por el secretario de Gobernación, como su presidente, y por otros integrantes del gabinete presidencial; con dos miembros del Legislativo, un senador y un diputado, y dos comisionados de los partidos nacionales.
En ese primer instrumento electoral se mantuvo el sistema de escrutinio de mayoría relativa en distritos uninominales vigente desde 1912, pero estableció la exclusividad en la participación electoral a los partidos políticos nacionales y centralizó la organización y vigilancia de los comicios en órganos colegiados federales dominados por el gobierno.
La iniciativa gubernamental era que hubiera organizaciones más estructuradas y menos coyunturales; la idea era poder controlar el surgimiento de organizaciones políticas con características y potencial desconocido.
Con la Ley de 1946, la federalización del empadronamiento quedó a cargo del Consejo del Padrón Electoral, tarea que entonces hacían las autoridades estatales y municipales. También se crearon las Comisiones Locales Electorales, los Comités Distritales, la Junta Computadora y las
Mesas de Casilla. La Suprema Corte de Justicia tuvo la facultad de intervenir para solucionar los conflictos surgidos de la votación (es decir los cimientos del TEPJF actual).
En 1949, la ley electoral tuvo modificaciones en el aspecto de organización y vigilancia de los procesos electivos. La Suprema Corte salió de la jugada. En la modificación, la Procuraduría General de Justicia asumió las funciones que tuvo la Corte en la ley de 1946.
A partir del 4 de diciembre de 1951 hubo una nueva ley electoral. Los cambios fueron que los representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión Federal Electoral pasaran de dos a uno y que los delegados de los partidos políticos de dos a tres. El Consejo del Padrón Electoral se transformó en Registro Nacional de Electores, como garantía gubernamental de apertura con los partidos políticos.
Una nueva modificación en la ley electoral se registró en 1954. El propósito fue aumentar el número de afiliados a un determinado partido político para que éste alcanzara su registro ante la autoridad electoral.
El 22 de julio de 1963, el presidente Adolfo López Mateos hizo público el decreto de reformas y adiciones al artículo 54 constitucional, con él se crearon los diputados de partido.
En la exposición de motivos de la iniciativa de re- forma se lee: “Es evidente el hecho de que no han podido encontrar acceso al Congreso de la Unión los diversos partidos políticos o las varias corrientes de opinión que actúan en la República; de ahí que, con frecuencia, se haya criticado al sistema mexicano por la falta de flexibilidad para dar oportunidad a las minorías políticas, que se duelen de que un solo partido mayoritario obtenga la casi totalidad de los puestos de representación popular.
Para consolidar la estabilidad política orgánica de que México disfruta, será un factor importante la mejor canalización, por cauces legales, de las fuerzas cívicas, en particular las minoritarias y, muy principalmente, las que, estando agrupadas en partidos políticos nacionales, actúan orgánicamente y no en forma dispersa, cuando no anárquica.”
Con esas bases se realiza la reforma, por la que se institucionaliza la representación minoritaria a través de la creación de los diputados de partido.
La debilidad de los partidos de oposición al PRI se hacía cada vez más evidente; sobre todo, en la integración de la Cámara de Diputados.
En el periodo que va de 1955 a 1964, en el cual se eligieron tres legislaturas, la oposición en conjunto obtuvo apenas 20 curules de las 483 disputadas en ese lapso. Hacia principios de los años sesenta era notorio que el sistema de mayoría simple que imperaba para todas las elecciones, amenazaba la permanencia de los partidos de oposición al PRI.