Usan «Escuela es Nuestra» como botín político y electoral
De entre los archivos en Presidencia de la República, Crónica rescata una historia en Nuevo León, en la cual superdelegada y alcalde de Zaragoza han utilizado el programa para “pararse el cuello” y extender cargos públicos.
El uso anómalo del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) no se limita al desvío de recursos para beneficio personal. También se ha utilizado para provecho político y electoral…
Las historias con este sesgo se replican de sur a norte, y algunas han llegado ya a Palacio Nacional. De entre los archivos recibidos en la Presidencia de la República, Crónica rescata -por su nivel de detalle- una denunciada enviada desde Nuevo León y firmada por quien entonces era representante de la Secretaría del Bienestar en aquel estado: el Servidor de la Nación Sergio Roel Montoya Hernández.
En el documento, fechado el 14 de enero de 2021 desde el municipio de General Zaragoza, se lee:
“Al salir el programa La escuela es Nuestra, 51 escuelas del municipio fueron beneficiadas con un monto de 150 mil pesos. Y como era de esperarse, el alcalde fue proveedor en la mayoría de las escuelas. Les comentaba a las tesoreras de los comités escolares que no les cobraría el flete, pero incrementaba al doble el costo de los materiales y productos. Se le informó a la encargada del programa, pero hizo caso omiso”.
La carpeta incluye fotografías, actas circunstanciadas y listados de apoyos, los cuales documentan la complicidad de la superdelegada en la entidad, la ex panista Blanca Judith Díaz Delgado, para promocionar con los apoyos sociales a quien fue durante muchos años su compañero en el blanquiazul: el arquitecto Juan Arturo Guevara Soto, quien ha extendido su mandato como edil abanderado por distintos partidos: de 2012 a 2015 por el PAN, de 2018 a 2021 por el PT y de 2021 a 2024 -en reciente relección- por la alianza encabezada por Morena.
A cinco meses de iniciada la 4T, relatan al presidente Andrés Manuel López Obrador, “la delegada estatal comenzó a hacer proselitismo con el alcalde Guevara Soto, visitando en conjunto diferentes ejidos, entregando cobijas y comunicándole a la población que el gobierno federal y el municipal estaban trabajando de la mano y en coordinación”.
En octubre de 2020, según un convenio membretado en poder de Crónica, Díaz Delgado usó a la Secretaría del Bienestar para sellar un acuerdo con Guevara Soto, mediante el cual se cedió de forma gratuita un inmueble municipal como sede del Centro Integrador de Desarrollo, desde donde comenzaron a gestionarse todos los programas federales, incluido el LEEN.
Este diario logró contactar al denunciante Montoya Hernández…
“Aprovechándose de los nexos con autoridades del Bienestar y con la superdelegada, el alcalde se ha acercado a los padres de familia apenas reciben el recurso del LEEN. Les ofrece el mejor precio, les pide cierto monto y, a veces, ni les surte el material. O promete, por ejemplo, llevarles bultos de cemento, pero a precios elevadísimos, dobleteados”.
-¿Y cuál ha sido la postura de los papás?, ¿no se han percatado de las tropelías?
-Algunos sí, pero son gente humilde; otros tienen temor de respingar, porque el señor es muy poderoso en la región. O él mismo les dice: soy el alcalde, yo te protejo, al cabo que es dinero federal, no pasa nada, y mal usa la charola de Presidencia, les canta bonito. Ha terminado por manejar no sólo los presupuestos para las escuelas, sino tandas, créditos a la palabra y ayudas para proyectos productivos. Como ha tenido acceso previo a las listas de beneficiarios, les habla días antes a las familias para pararse el cuello, y decir que por él llega el dinero, que gestiona todo.
-¿Cómo ha sido la comprobación de gastos?
-Él siempre lleva mano con los precios, y emite las facturas hasta que plancha todo. Ya vienen los precios alterados. Ha habido casos en los que sólo lleva el 30 por ciento del material. Se vende como especialista en construcción, porque es arquitecto y hace negocio redondo con los materiales. Tenemos facturas, porque los Servidores son los responsables de checar que el producto esté acorde con el precio, en las cuales encontramos rodillos de 50 pesos hasta en 300 pesos.
-¿Y al menos se han hecho los trabajos en los colegios?
-La mayoría ha sido pura simulación. Ninguna escuela representa los 150 mil pesos anuales que manda el gobierno. He conocido casi todas, están en comunidades pobres, coordinadas por Conafe, pero se vieron afectadas por los moches y la propaganda política.
VIVALES. Según los lineamientos de operación del LEEN, “para los casos de construcción, adquisición de bienes y contratación de servicios, los gastos deberán ser comprobados a través de facturas -conforme a la normatividad vigente-“. En escuelas ubicadas en regiones distantes, prolíferas en comercios deshabituados a la comprobación fiscal, “el gasto podrá ser comprobado con recibo simple”, lo cual ha sido aprovechado por vivales para acaparar recursos.
Más aún porque, conforme al capítulo de sanciones, el presidente y la tesorera del comité escolar, “serán responsables por el ejercicio de los recursos en términos del artículo 79 de la Constitución Política y del artículo 71 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
En el rubro de sanciones, se contempla la cancelación o suspensión del apoyo en el siguiente ejercicio fiscal. “Cuando las instancias responsables adviertan causas de incumplimiento que conlleven la cancelación, deberán promover las medidas administrativas o penales en su caso”.
El ex delegado regional Jorge Luis Fuentes sugiere: “Las áreas encargadas de la infraestructura educativa en el país eran de las más corruptas, una especie de cajas chicas, y nos encontrábamos escuelas sostenidas en tablas, que ni terrenos tenían, por eso la descentralización del recurso y su circulación entre los padres es lo más adecuado, pero se necesita a la par un trabajo serio de fiscalización desde áreas ajenas a las que lo aplican”.
“Urgen auditorías externas que, de manera permanente, vigilen y atiendan cualquier acusación de corrupción, porque uno de los problemas más graves es que no se oye a quienes hacen acusaciones, no hay una instancia donde se pueden dirigir o ventilar el mal uso de recursos”…