México ofrece disculpas a joven con discapacidad que fue encarcelado
A más de dos años del dictamen emitido por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) derivado de las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Arturo Medina Vela, finalmente el Estado mexicano cumplió una parte de las recomendaciones establecidas en dicho documento, al reconocer su responsabilidad y ofrecerle una disculpa pública.
Arturo Medina Vela, fue detenido en el 2011, acusado del robo de un vehículo y declarado inimputable en razón de su discapacidad, esto resultó en la violación a sus derechos, particularmente su derecho a la igualdad y no discriminación, a la capacidad jurídica, al acceso a la justicia, a la accesibilidad, entre otros.
Arturo pasó más de cuatro años en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi), donde fue sometido a tratamiento médico psiquiátrico.
Tras la intervención de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C. en la defensa de Arturo Medina, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió el 6 de septiembre de 2019 una resolución histórica en la que se pronunció sobre la responsabilidad del Estado Mexicano al incumplir con sus obligaciones establecidas en la Convención.
Si bien este acto de reconocimiento y disculpa pública es fundamental, pues reconoce la discriminación y las diversas barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el sistema de justicia penal, debe ir acompañado de cambios en la legislación que garanticen que casos como el de Arturo no se repitan.
En el acto de reconocimiento, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración consideró fundamental promover modificaciones a las leyes federales y locales así como capacitar a toda la cadena de justicia de los distintos órdenes de nuestro país – ambas recomendaciones establecidas en el dictamen – en tal sentido anunció que a partir de hoy la Secretaría de Gobernación acompañará el proceso de armonización jurídica para garantizar la igualdad jurídica, impulsando la modificación de las siguientes leyes:
Código Penal y Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la figura de la inimputabilidad y las medidas de seguridad.
Código Civil y de Procedimientos Civiles respecto a las restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Ley General de Salud en lo relativo a los internamientos involuntarios y las restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
“Estamos convencidas de que este esfuerzo será el ejemplo de lucha para muchas otras personas. Seguiremos trabajando incansablemente para que la justicia en México sea una realidad para todas las personas con discapacidad. Esperamos que este acto marque el inicio de un proceso de transformación profunda en las instituciones de justicia de nuestro país», expresó por su parte, María Sirvent, Directora Ejecutiva de Documenta.